23/10/2018

Un informe de la Fundación La Casa que Ahorra, encargado al Grupo Garrigues (despacho Garrigues y G-advisory, firma de asesoramiento estratégico y técnico), estima que se podrían llegar a rehabilitar hasta 350.000 viviendas al año en nuestro país. La restauración de 200.000 sería atribuible a la mejora de la economía y a los objetivos de eficiencia energética marcados por la Unión Europea, mientras que 150.000 se podrían rehabilitar si se adoptaran una batería de medidas fiscales y administrativas y la implantación de un Pasaporte Energético, impulsado en países como Alemania, Francia o Bélgica, pero que en España no ha tenido aún el apoyo político suficiente. «Se trata de un programa de ayudas dedicado a financiar las actuaciones de rehabilitación de edificios residenciales por fases y durante un plazo mínimo de cuatro años», señala Albert Grau, gerente de la Fundación.

El informe concluye también que los retornos económicos derivados de esas actuaciones (incremento del PIB, creación de puestos de trabajo…) superarían con creces los costes.

En el programa de ayudas recogidas en el Pasaporte Energético estarían incluidas las operaciones para el aislamiento de fachada, cubierta, suelo y ventanas, así como la mejora o sustitución de los sistemas de calefacción y refrigeración o producción de ACS (Agua Caliente Sanitaria), pudiéndose llegar a incluir energías limpias. «Un 80% de la ayuda sería abonada al final de cada fase, y el 20%, cuando se finalizara el proyecto completo», concreta Antonio Baena, socio director de G-advisory.

Además, señala el informe, «para que estas actuaciones fueran subvencionables, deberían comportar conjuntamente una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración del edificio referida a la certificación energética de cómo mínimo un 45% hasta un 60% dependiendo de la zona climática donde esté ubicado el edificio.

Junto a la adopción del Pasaporte Energético, el Grupo Garrigues plantea un paquete de medidas fiscales y administrativas con efecto dinamizador sobre la economía. Entre ellas, destaca la bonificación de hasta un 50% de la cuota íntegra del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) o de hasta un 95% en el caso del ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras). También un tipo impositivo reducido del 4% para nuevas viviendas con calificación energética superior a la exigida por la normativa (válido hasta 2020, puesto que a partir de enero de 2021 los nuevos inmuebles ya deben disponer de la más alta calificación energética) o para la realización de obras de mejora energética en edificios existentes.

Por último, los expertos abogan por una bonificación específica del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. «No se contemplan, en cambio, aquellas medidas relacionadas con el IRPF y el Impuesto de Sociedades por no ser realistas actualmente», reconoce Baena.

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