Nuevas ayudas para reformar la casa

El plan estatal de vivienda contempla, por primera vez, subvenciones para obras en unifamiliares y en el interior de los pisos. El importe debe ser para la conservación, accesibilidad y eficiencia energética

16/04/2018

Las ayudas públicas a la rehabilitación llaman a la puerta de más casas. El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 9 de marzo, aumenta las ayudas económicas para que los propietarios puedan ejecutar con más desahogo obras de conservación, seguridad, accesibilidad, mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad. Y, además, las extiende a un mayor número de beneficiarios. Es un evidente intento por mejorar este capítulo, en el que España suspende con un parque de casas en un estado claramente mejorable.

A partir de ahora, no solo las comunidades de propietarios tienen derecho a un dinero público para rehabilitar las zonas comunes de sus edificios. También, y por primera vez en la historia de estos programas, las viviendas unifamiliares —aisladas o agrupadas en fila, en zonas urbanas y rurales— y los pisos individuales pueden pedir una subvención para ser reformados, también sus interiores. Además, los requisitos se flexibilizan: pueden acogerse los inmuebles construidos antes de 1996, en lugar de 1981 como en el anterior plan. Y se abre más la mano para que puedan beneficiarse las fincas en las que hay segundas residencias, alquileres vacacionales o incluso pisos vacíos: para acceder a las ayudas basta con que el 50% de las viviendas sean el domicilio habitual de sus propietarios o arrendatarios. En el anterior plan esta exigencia era del 70%, con lo que muchos edificios de ciudades pequeñas y destinos turísticos, en los que no reside nadie, se quedaban fuera, aclaran en Fomento.

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Después del vuelco que sufrió la política pública de vivienda con el plan 2013-2016, que ha sido prorrogado este año, llega el programa 2018-2021 con muchas novedades y alguna que otra polémica. El sector promotor espera que con su desarrollo pueda relanzarse un segmento del mercado que tradicionalmente ha sido palanca de crecimiento: los más jóvenes.

Por primera vez en la historia de esta clase de iniciativas, gracias a la antelación con la que se han ido diseñando las subvenciones que otorgará, es viable que entre en vigor el próximo 1 de enero. No obstante, aún debe obtener el visto bueno de los grupos políticos y el resto de Administraciones. El Gobierno quiere que después el programa funcione y sea un éxito al margen de cualquier ideología.

En 2013, el Gobierno del PP decidió dar un volantazo a la tradicional política pública de vivienda. De los programas cuatrienales basados en promover la construcción de casas de protección oficial (VPO) en régimen de propiedad, se pasó al primer plan que no dedicaría ni un solo euro de los presupuestos a impulsar la edificación de más pisos para su venta (no en vano entonces el stock superaba las 500.000 viviendas). Se dio paso de esa forma a un programa cuyas subvenciones irían destinadas exclusivamente a incentivar la rehabilitación y el alquiler.

El sector reaccionó entonces con cautela por el cambio tan trascendental que suponía dejar de subvencionar la promoción de nuevas VPO. Al mismo tiempo, acogió con esperanza el nuevo impulso que recibía el alquiler, lo que por fin empezaba a asemejar a España con los países más avanzados de Europa. Las empresas también celebraron que en lugar de apostar por seguir construyendo, se reconociera la importancia de la rehabilitación, un negocio muy intensivo en mano de obra que bien podría servir para recuperar buena parte del empleo destruido durante la crisis.

Lo cierto es que el resultado de ese primer plan de vivienda rompedor, cuya vigencia no finaliza hasta final de año, ha sido más flojo de lo esperado por varias circunstancias, según coinciden los expertos.

En primer lugar, porque en 2013 un buen número de empresas promotoras estaba todavía tratando de recomponer la maltrecha situación heredada del estallido de la burbuja y, en segundo y fundamental, porque la financiación ha tardado en volver a fluir al ámbito de la vivienda social o protegida y mucho más al ser en alquiler.

Al hablar de rehabilitación, el Ejecutivo tuvo que modificar la ley en paralelo para hacer más atractivo a los promotores el entrar en grandes proyectos de renovación y regeneración urbana, pero aun así las cifras de viviendas rehabilitadas están muy lejos de las estimaciones iniciales.

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