Fomento quiere, en paralelo, pactar con la banca y el BEI, nuevos créditos blandos que impulsen las obras de rehabilitación

05/10/2017

Después del vuelco que sufrió la política pública de vivienda con el plan 2013-2016, que ha sido prorrogado este año, llega el programa 2018-2021 con muchas novedades y alguna que otra polémica. El sector promotor espera que con su desarrollo pueda relanzarse un segmento del mercado que tradicionalmente ha sido palanca de crecimiento: los más jóvenes.

Por primera vez en la historia de esta clase de iniciativas, gracias a la antelación con la que se han ido diseñando las subvenciones que otorgará, es viable que entre en vigor el próximo 1 de enero. No obstante, aún debe obtener el visto bueno de los grupos políticos y el resto de Administraciones. El Gobierno quiere que después el programa funcione y sea un éxito al margen de cualquier ideología.

En 2013, el Gobierno del PP decidió dar un volantazo a la tradicional política pública de vivienda. De los programas cuatrienales basados en promover la construcción de casas de protección oficial (VPO) en régimen de propiedad, se pasó al primer plan que no dedicaría ni un solo euro de los presupuestos a impulsar la edificación de más pisos para su venta (no en vano entonces el stock superaba las 500.000 viviendas). Se dio paso de esa forma a un programa cuyas subvenciones irían destinadas exclusivamente a incentivar la rehabilitación y el alquiler.

El sector reaccionó entonces con cautela por el cambio tan trascendental que suponía dejar de subvencionar la promoción de nuevas VPO. Al mismo tiempo, acogió con esperanza el nuevo impulso que recibía el alquiler, lo que por fin empezaba a asemejar a España con los países más avanzados de Europa. Las empresas también celebraron que en lugar de apostar por seguir construyendo, se reconociera la importancia de la rehabilitación, un negocio muy intensivo en mano de obra que bien podría servir para recuperar buena parte del empleo destruido durante la crisis.

Lo cierto es que el resultado de ese primer plan de vivienda rompedor, cuya vigencia no finaliza hasta final de año, ha sido más flojo de lo esperado por varias circunstancias, según coinciden los expertos.

En primer lugar, porque en 2013 un buen número de empresas promotoras estaba todavía tratando de recomponer la maltrecha situación heredada del estallido de la burbuja y, en segundo y fundamental, porque la financiación ha tardado en volver a fluir al ámbito de la vivienda social o protegida y mucho más al ser en alquiler.

Al hablar de rehabilitación, el Ejecutivo tuvo que modificar la ley en paralelo para hacer más atractivo a los promotores el entrar en grandes proyectos de renovación y regeneración urbana, pero aun así las cifras de viviendas rehabilitadas están muy lejos de las estimaciones iniciales.

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