Ley 8/2019, de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears.
Etiqueta: RESIDUOS
El descontrolado impacto medioambiental de una demolición
18/01/2018
La Comisión Europea está promocionando un protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición en momentos en los que el Gobierno prepara cambios al real decreto que regula esta actividad en España. El documento comunitario no es una directiva de aplicación obligatoria, sino únicamente un conjunto de recomendaciones que las empresas del sector esperan que sirva de guía a las comunidades autónomas y ayuntamientos, responsables en última instancia de velar por el cumplimiento de las normas medioambientales.
Gestos simples como depositar los plásticos en el contenedor amarillo y, los cartones, en el gris se han vuelto cotidianos, permitiendo que España avance en el reciclaje de la basura tanto doméstica como industrial, si bien todavía está muy por debajo de la media europea.
Pero existe otro tipo de desechos de tamaño considerable y flujo irregular al que se les ha prestado muy poca atención: los escombros generados por la construcción y demolición de edificios e infraestructuras de transporte.
Ladrillos, bloques de cemento, madera, cerrojos, muebles, sanitarios, tuberías, cables eléctricos… la gran mayoría de estos restos acaban mezclados en vertederos clandestinos a las afueras de las ciudades, a vista y paciencia de las autoridades.
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El proyecto de planta de triaje debe ser presentado en 60 días
El pleno del Consell de Ibiza aprueba recuperar el contrato inicial de vertedero y requerir a la concesionaria de su explotación que active los planes para ejecutar una planta de biometanización
31/10/2017
El pleno del Consell acordó ayer, con la abstención del PP, dar a la concesionaria del vertedero de Ca na Putxa, la unión temporal de empresas (UTE) Giref, un plazo máximo de 60 días para que presente el proyecto de planta de triaje de residuos sólidos urbanos y de tratamiento de materia orgánica. Para «salir del cul-de-sac» jurídico –en palabras del conseller ibicenco de Medio Ambiente, Miguel Vericad– en que se encontraba la institución respecto a esta instalación, el pleno declaró asimismo la caducidad del expediente administrativo incoado en abril de 2016 y «volver al contrato original de 2003» de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos.
Un dictamen del Consell Consultiu de Balears dado a conocer a principios de año consideraba ilegal el acuerdo alcanzando en 2007, al margen de cualquier procedimiento, entre el Consell ibicenco (entonces gobernado por el PP) y la UTE Giref para cambiar el contenido del contrato asignado para desarrollar el Plan de Residuos. Este regreso forzado a los orígenes tendrá un coste, que Vericad cifró en unos 21 millones de euros, pero que puede acabar en unos 30 millones si la empresa reclama en los tribunales, tal como temen en el Consell.
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