El Consell de Formentera llevará al próximo pleno la aprobación definitiva de las normas en lo que afecta a los conjuntos históricos. Además, redactará los respectivos Planes Especiales de Protección
Formentera, 19/09/2017
La principal modificación de las Normas Subsidiarias de Formentera, en lo que respecta a los conjuntos históricos,está en que el solar de Ca ses Castellones, en el centro de Sant Ferran, dejará de tener el máximo aprovechamiento urbanístico para limitar su edificabilidad. Solo se permitirá construir la misma superficie que ocupaba la casa payesa y los corrales anexos demolidos; unos 240 metros cuadrados.
Además, el Consell de Formentera, siguiendo las recomendaciones de un informe de junio de este año de la Universitat de les Illes Balears (UIB), ha optado por redactar los respectivos Planes Especiales de Protección (PEP) de los núcleos de Sant Francesc, Sant Ferran y el Pilar de la Mola. Trámite que según la consellera de Territorio, Alejandra Ferrer, se realizará «en poco tiempo, ya que el trabajo está bastante adelantado». El informe emitido por la UIB «es favorable a la delimitación de los conjuntos históricos y recomienda redactar un plan especial (PEP) para cada uno de los conjuntos ahora redefinidos», explicó la titular del área.
El pleno del Consell de Formentera aprobó de forma inicial, en enero de este año, esta modificación, con la abstención del PP y el voto afirmativo del resto de grupos. A finales de diciembre la Comisión balear de Medio Ambiente emitió un informe favorable justificando el cambio de criterio de edificabilidad en el caso del solar de Ca ses Castellones.
La normativa urbanística de Formentera aprobada en 2010 como Plan Territorial Insular- Normas Subsidiarias, se encontró con un escollo judicial dos años más tarde cuando fue suspendida, en lo que afecta a los conjuntos históricos, por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que consideró que las referidas delimitaciones no estaban suficientemente justificadas. Por lo que el Consell tuvo que redefinir los bienes patrimoniales sujetos a protección. Esa labor concluyó a finales del pasado año y desde enero se sigue el procedimiento de aprobación que ha pasado por la exposición pública y el periodo de presentación de alegaciones así como la solicitud de diversos informes, entre ellos el de la UIB.
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