Ambos ayuntamientos han dilapidado miles de euros en redactar normativas que nunca entraron en vigor. El municipio de sa Talaia ha contratado ya tres planeamientos sucesivos que no han servido para nada y ahora adjudicará el cuarto

19/11/2017

Los ayuntamientos de Sant Josep y Sant Antoni llevan gastados en los últimos doce años decenas de miles de euros en la redacción de nuevos planeamientos urbanísticos para sus respectivos municipios, pero ninguno de estos trabajos llegó a aprobarse nunca definitivamente ni a entrar en vigor. Todos esos planeamientos quedaron desfasados antes de nacer, dada la lentitud con la que fueron tramitados. Como consecuencia, tanto Sant Josep como Sant Antoni se disponen ahora a contratar, otra vez, un equipo redactor para intentarlo de nuevo, con la esperanza de que en esta ocasión sí salga adelante.

El caso más flagrante corresponde a Sant Josep, ayuntamiento que desde el año 2004 ha adjudicado ya tres veces sucesivas a diferentes equipos de arquitectos los trabajos de redacción de un nuevo planeamiento que sustituya a las vetustas Normas Subsidiarias de 1986, y ahora se dispone a adjudicar la cuarta contratación, que espera realizar a principios de 2018. El primer equipo redactor se contrató en el último mandato de José Serra Escandell (2003-2007), pero quedó archivado cuando llegaron los progresistas de Josep Marí Ribas y emprendieron un nuevo planeamiento entre 2007 y 2011. Tampoco ese trabajo llegó a cristalizar ni se aprobó nunca.

Cuando volvió el PP con Neus Marí al frente (2011-2015), se redactó otro planeamiento que cambiaba sustancialmente el intento anterior, pero tampoco sería aprobado jamás.

En 2015, regresado el socialista Marí Ribas al sillón municipal, ordenó el archivo de aquellas normas y todo ha quedado en suspenso hasta ahora, en que se anuncia la contratación de un nuevo equipo de arquitectos, seguramente en enero.

El concejal de Urbanismo de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, alega como motivo de esta situación el hecho de que hay una nueva normativa balear en tramitación, la Llei d’Urbanisme de les Illes Balears (LUIB), que impone nuevos condicionantes a los ayuntamientos. «Nos obligan a empezar de cero, porque la ley no nos deja hacer Normas Subsidiarias, sino que han de ser Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU). Hemos estado parados por este motivo, pero nos han dicho que los trámites del PGOU podrán ser más rápidos que ahora», comentó Guerrero.

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