Este jueves, 8 de febrero, entra en vigor la directiva europea (2013/59/Euratom) que obliga a controlar el gas radón en las viviendas. Se trata de un elemento que está considerado la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco, según la Organización Mundial de la Salud, y que se cuela en un 90% de nuestros edificios, de acuerdo a los datos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) recogidos por Danosa.
Esta nueva normativa obliga a partir de ahora a los gobiernos a realizar mediciones en lugares de riesgo y a mitigar la concentración de radón en aquellas zonas en las que se registre un mínimo de 300 becquerelios por metro cúbico, la unidad utilizada para medir este gas. Todo ello en un contexto donde, según el CSN, el 90% de los edificios españoles tienen concentraciones inferiores a este límite y un 10% superan ese nivel.
Asimismo, este reglamento establece que los países miembros de la UE podrán introducir requisitos específicos en los códigos técnicos de edificación que eviten la entrada de este gas en los inmuebles de nueva construcción y fomenten su reducción en las casas ya construídas.
No obstante, aunque una disposición como esta siempre es bien recibida, también establece límites inferiores a los deseados, ya que en Estados Unidos el nivel máximo está establecido en los 148 becquerelios y la OMS fija en 100 la frontera a partir de la cual el radón comienza a ser peligroso para la salud.
En España, el mapa predictivo de exposición al gas radón del CSN divide el territorio en tres categorías de exposición potencial: baja, media y alta. El CSN señala Galicia, algunas zonas de Madrid, Salamanca, Ávila, Toledo, Cáceres, Sevilla, Córdoba, Jaén, Almería y Gran Canaria como las zonas de mayor exposición.
Sigue leyendo en CONSTRUIBLE
Dispones de información y herramientas en área privada