Los arquitectos y aparejadores denuncian que los departamentos de Obras están colapsados y piden reducir y clarificar los trámites burocráticos | El Ayuntamiento de Santa Eulària modifica su ordenanza para que las obras menores no necesiten licencia municipal
29/08/2018
El ritmo de los visados de construcción en las Pitiüses se ha incrementado de manera progresiva en los últimos siete años y en el primer semestre de 2018 se han contabilizado 283 viviendas plurifamiliares, mientras que en el mismo periodo del año pasado fueron 51. No obstante, las cifras del Colegio de Arquitectos se encuentran lejos de los registros históricos de 2007, ya que el número de visados que se tramitan en la actualidad suponen el 40% de «la cantidad de obras que se llevaban a cabo en el boom inmobiliario», según destacó ayer el presidente de la delegación pitiusa del Colegio de Arquitectos de Balears, Iván Torres.
A pesar de la diferencia respecto a los años previos a la crisis que estalló en 2008, los profesionales se topan con «una tormenta perfecta por la suma de leyes y normativas muy complejas que van surgiendo» y que están colapsando los departamentos de urbanismo de las administraciones municipales. De hecho, Ibiza es la isla balear donde los ayuntamientos tardan más en conceder una licencia de obra mayor, con una media de 28 meses de espera, mientras que el promedio de la Comunitat es de 28 meses.
Por este motivo, tanto el Colegio de Arquitectos como el de Aparejadores se han sumado a la iniciativa encabezada por el Consistorio de Santa Eulària para reducir los trámites burocráticos y los plazos, que ahora suponen «un viacrucis para pasar por el régimen de licencias de un ayuntamiento», según lo llegó a calificar ayer el concejal de Urbanismo, Mariano Juan, durante la presentación del acuerdo.
Como primer paso, el Ayuntamiento de Santa Eulària ha aprobado una modificación de su ordenanza municipal de licencias de obras menores para que los trabajos que requieran estas autorizaciones se puedan llevar adelante directamente con una declaración de responsabilidad de los profesionales. Al igual que pasó con la Ley de Actividades, que «se cambió para no esperar durante un año una licencia de apertura de una papelería o una tienda de ropa, sino que bastara un certificado de un ingeniero». Mariano Juan defendió que sean «los colegios profesionales los que se responsabilicen» de los proyectos que firman.
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