Cinco años después de su puesta en marcha, compradores y vendedores siguen sin valorar la etiqueta verde, a pesar de su obligatoriedad y de revelar una mejora en la calidad energética de las casas

22/06/2018

Quien haya vendido o alquilado una vivienda en los últimos cinco años ya debería conocer el certificado energético. O, al menos, saber que entre los documentos por los que ha pagado hay una etiqueta que identifica el piso con un letra, de la A a la G, y que muestra cuánta energía consume, cuánta derrocha o su nivel de emisiones a la atmósfera. Desde junio de 2013, cuando se hizo obligatoria, hasta diciembre de 2017 el número de certificados emitidos ha superado los tres millones, según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae). Tan solo el 1,3% han sido para viviendas de nueva construcción (40.690), debido al parón en las obras tras el pinchazo de la burbuja.

La evolución de estos certificados que miden la eficiencia energética, obligatorios para el propietario o promotor que quiera vender o alquilar una casa y que aparecen o deberían aparecer en la descripción de los anuncios de agencias y portales inmobiliarios, revela una mejora en la calidad del parque de viviendas español. Es muy evidente en el caso de la obra nueva: quien haya comprado una casa recientemente ya puede notar cambios (menos ruidos y consumo energético más bajo…). El Idae confirma que su calidad energética ha aumentado de forma notable. De hecho, las categorías A, B y C suman ya el 54% del total. «Los primeros años predominaban la calificación D y E, como en los edificios existentes, pero a partir de 2015 empezaron a aumentar las viviendas con A, B y C y a disminuir las menos eficientes», señalan en Certicalia, plataforma online que ha gestionado más de 55.000 solicitudes en España. Esto es así porque a partir de septiembre de 2013 aumentaron las exigencias en ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación —norma que rige cómo se construye—.

El paisaje se vuelve menos verde cuando se habla del parque de casas existente, donde la eficiencia energética sigue dejando que desear. El 51% de las viviendas vendidas o alquiladas en los últimos cinco años tiene una calificación E, la tercera más baja de la tabla. La buena noticia es que se observa una tendencia a ganar puestos. «La calificación E siempre ha sido la predominante y desde los primeros años ya eran más del 42% de los inmuebles. Desde 2014 ha pasado del 45% al 51%, porque los edificios con peor certificación han disminuido», explican desde Certicalia. Así, han subido las letras D y E (2,5% y 6%, respectivamente), y la C (0,7%), a la vez que se han reducido las calificaciones F (1,2%) y G (8%), indican en el Idae. Esto pone de relieve que los propietarios están haciendo obras de rehabilitación energética en sus viviendas con las que mejoran una o dos letras, un punto obligatorio si quieren recibir alguna subvención pública. «Las medidas más habituales son el cambio de ventanas o mejora del sellado, de la instalación de agua caliente sanitaria, adición de aislamiento por el interior…», relatan en Certicalia.

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