Presumir de sostenibilidad sale caro

13/05/2018

España lleva una década impulsando una edificación más sostenible. En concreto, desde la aprobación del Código Técnico de la Edificación (CTE), que desde 2006 regula cómo deben construirse los edificios, y desde la introducción, un año después, de la certificación energética obligatoria para los nuevos inmuebles. Pero, aunque han supuesto un enorme salto cualitativo respecto a lo que se hacía antes, el cumplimiento de estas normas no alcanza ni para obtener la peor nota en las principales certificaciones de sostenibilidad inmobiliaria existentes.

«El problema es que venimos de una época, la del ‘boom’, en la que se vendía todo incluso antes de que estuviese construido y en la que los temas ambientales no importaban», explica Félix Rodríguez, responsable de Relaciones Institucionales de Breeam España. Esta certificación es la más extendida en Europa y también la más antigua, ya que fue creada en 1990 por la entidad británica Building Research Establishment (BRE). En España totaliza 535 proyectos entre los que ya han obtenido el sello y los que aspiran a conseguirlo, de los que la mitad corresponden a edificios de nueva construcción o rehabilitaciones y la otra mitad, a inmuebles ya existentes o en funcionamiento.

Pero la certificación voluntaria es todavía una auténtica desconocida en España, y muy especialmente en el segmento residencial. En el caso de Breeam, el 33% de las certificaciones que ha concedido corresponden a oficinas, el 26% a superficies comerciales y sólo el 23%, a viviendas. A pesar de estas cifras, «las expectativas son muy elevadas porque hemos pasado de 40 casas evaluadas en 2014, a más de 8.000 en la actualidad, repartidas en 126 promociones», destaca Rodríguez. Y eso que el proceso para obtener una certificación es caro y complejo, hasta el punto de que sólo 1.200 viviendas españolas (sumando los distintos sellos) las han conseguido.

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